La alta tasa de homicidios mediante el uso de armas de fuego que registra las ciudades de Rosario y Santa Fe, tiene un sinnúmero de aristas, una de ellas, el monumental mercado clandestino por donde pasa la distribución de pistolas, revólveres y hasta arsenal de guerra.

Durante los primeros ocho meses del año, se secuestraron 2.190 armas utilizadas por bandas criminales, informó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe: "cortamos varias de sus líneas de abastecimiento de armas y municiones en diferentes ciudades de la provincia y recogimos valiosa información para impulsar causas judiciales contra los delincuentes", explicó en su momento el secretario de la cartera, Germán Montenegro.

Entre el material incautado se encontró desde pistolas, pistolones, escopetas, armas de fabricación casera denominadas tumberas, hasta ametralladoras e incluso un FAL del Ejército, enumeraron en el Ministerio.

A su vez, la cantidad de amenazas y amedrentamientos diarios bajo la modalidad de balaceras contra los domicilios da cuenta de la cantidad de armas de fuego en manos de la población en un contexto que muchas veces los conflictos personales se resuelven a los tiros. Hay días que se han registrado más de 20 ataques en una sola noche, según afirmó la fiscal regional de Rosario.

Lo preocupante es que según el Código Procesal Penal, la tenencia de armas no habilita para dictar la prisión preventiva de quien la porta. Por tal motivo, el diputado del Frente Renovador, Oscar "Cachi" Martínez presentó un proyecto para que se discuta en la legislatura ya que en otras provincias como Buenos Aires se contempla esta posibilidad.

"Lo que se busca es establecer la peligrosidad procesal para que se pueda dictar prisión preventiva por tenencia de armas", sostuvo, en diálogo con LPO, el legislador santafesino y agregó que "más allá de la tenencia, una persona que lleva un arma está dispuesta a cometer un delito o a hacer cualquier cosa para garantizarse su impunidad".

Es por ello que el diputado propone que se amplíe la figura de peligro de fuga o posible interferencia en la investigación a la portación de armas de fuego para que habilite a la prisión preventiva.

Por otro lado, Martínez pidió que se refuerce la Agencia Provincial de la Violencia por Arma de Fuego, que se garantice la atención de sus líneas telefónicas y que se defina un plan para desarmar a la población.

De hecho, recordó que el programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego que en un principio pagaba 80 dólares por cada una entregada para su destrucción, durante el macrismo quedó desarticulado porque no se pagaba más de 10 dólares por cada arma. Por ello, consideró que se debería volver a incentivar a la población para que suscriba a la iniciativa.